Más de una docena de agencias de la policía estatal, grandes y pequeñas, están dispuestos a ayudar a los agentes federales de inmigración. Pero pocas tienen políticas formales para guiarles en tales situaciones, y los oficiales dicen que su enfoque está en la vigilancia policial local.
El presidente Donald Trump, intenta deportar a millones de inmigrantes, iniciando con el aumento de arrestos. Para hacerlo, su administración ha invocado una ley de
casi tres décadas de antigüedad, la cual, según el ¨Concejo de Inmigración de Estados Unidos" permite que la policía local, sea delegada para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Dos legisladores republicanos estatales, presentaron un proyecto legislativo, que haría que la policía de Kentucky ayude a la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Si fuera aprobada, podría forzar a que la policía metropolitana de Louisville coopere con la agencia ICE.
A los defensores de las libertades civiles y derechos de inmigración, les preocupa la posibilidad de que los oficiales locales se conviertan en agentes de inmigración de facto.
La directora ejecutiva de ACLU en Kentucky, Amber Duke, dice que la policía local a menudo tiene recursos limitados y enfatizó que el cumplimiento de las leyes de inmigración es jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos.
Ella le dijo a KyCIR: “Tenemos agencias de la ley a través de todo el estado que durante años han dicho: No tenemos suficientes recursos ni suficiente personal. No podemos cumplir con las demandas de nuestra comunidad local para proveer un servicio adecuado. Entonces, creo que añadir más a su plato haciendo que se cumplan las leyes federales de inmigración, es una orden indebida.”
Varios oficiales de la policía Estatal de Kentucky dijeron que deben adapatarse con los recursos limitados que tienen a su disposición, y la situación es complicada cuando otras agencias externas solicitan apoyo.
El estado de Kentucky alberga a más de 350 agencias de la ley distribuidas en 120 condados, incluyendo la policía estatal. Nos comunicamos con más de 40 agencias —cerca del 60% respondió— para saber cómo es que la policía local podría cooperar con ICE (Immigration and Customs Enforcement) y qué reglas son las que tendrían que seguir.
Ninguna, dijo que se negaría a trabajar con ICE, pero pocas tienen una política que guíe el sensible y volátil trabajo de ayudar a llevar a personas bajo custodia federal por violar leyes de inmigración.
Ninguna de las agencias informó al Kentucky Center for Investigative Reporting que tenga un acuerdo formal para asociarse con ICE, ya sea a través de lo que se conoce como el acuerdo 287(g) o cualquier otra iniciativa federal.
En los estados vecinos de Illinois, Indiana, Missouri, Ohio, Tennessee, Virginia y West Virginia, los datos de ICE muestran que solo Tennessee tiene acuerdos con el programa 287(g) —para las oficinas del alguacil de los condados de Greene y Knox.
Los gobernadores republicanos de Indiana, Missouri, Tennessee, Virginia y West Virginia están presionando fuertemente para que las fuerzas del orden en sus estadosayuden a ICE.
El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, es más cauteloso.
Recientemente dijo que su administración, que incluye a la policía estatal, evaluará ayudar a ICE caso por caso. Un portavoz de la policía estatal indicó a KyCIR que presentará una solicitud de registros públicos para obtener una copia de la política de la agencia para trabajar con socios externos.
El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville tuvo que revisar su política sobre la aplicación de leyes migratorias en 2017, después de que una investigación de KyCIR revelara que LMPD ayudaba a agentes federales de inmigración a realizar visitas domiciliarias a residentes locales.
El departamento ahora supervisa cómo LMPD maneja las solicitudes de asistencia de ICE. Los oficiales no pueden contactar a una persona únicamente para ayudar a ICE y solo pueden detener a alguien si hay una orden judicial de arresto o si hay causa probable para acusarlos de un delito según las leyes de Kentucky.
John Bradley, portavoz de LMPD, dijo a KyCIR que la política de LMPD y las ordenanzas del Gobierno Metropolitano de Louisville definen cualquier participación que tengamos o tendremos con ICE.
Una ordenanza municipal, también adoptada tras la investigación de KyCIR en 2017, prohíbe que los funcionarios de seguridad pública hagan acuerdos 287(g) con ICE y limita a sus empleados de la ciudad preguntar a alguien sobre su estatus migratorio.
La ordenanza establece que los funcionarios de seguridad pública generalmente solopueden ayudar a ICE si hay una orden judicial autorizada o cuando ICE expresa una sospecha razonable de un riesgo de violencia o una situación de emergencia en la que haya un peligro claro para los ciudadanos.
El jefe del Departamento de Policía de St. Matthews, Barry Wilkerson, dijo queayudarían a ICE, si se les solicita, en la medida necesaria para proteger la seguridadpública, pero no harían cosas como ir a las escuelas en busca de inmigrantes para detenerlos.
“¿Vamos a participar activamente con ellos en la búsqueda de personas? No. Eso noes lo que hacemos”, dijo.
Tampoco espera que ICE solicite ese tipo de asistencia.
“Tratar de acorralar a individuos indocumentados solo porque son indocumentadosno creo que alguna vez nos pidan hacer eso”, dijo Wilkerson.
Con recursos limitados, varios funcionarios de la policía de Kentucky dijeron que deben considerar cómo el ayudar en una operación externa, podría afectar la capacidad de la agencia para cubrir sus deberes primarios.
El jefe del Departamento de Policía de Middletown, Robert Herman, dijo a KyCIR que dirige una agencia pequeña con 22 oficiales y personal. Si otra agencia le solicita ayuda, Herman y otros funcionarios evaluarán los recursos que tienen disponibles y si la situación está relacionada a la seguridad de los residentes locales.
“Nuestro enfoque está en la policía local”, dijo.
En la segunda ciudad más grande de Kentucky, el Departamento de Policía de Lexington no tiene una política que aborde específicamente a ICE.
¿Por qué la policía local considerará las solicitudes de ICE caso por caso?
Una de las nuevas órdenes ejecutivas del presidente contra la inmigración impulsa eluso mayor de los acuerdos 287(g).
Un informe de 2021 del Servicio de Investigación del Congreso dice que operar bajo acuerdos 287(g) generó nuevos gastos para las fuerzas del orden locales. También dice que el Departamento de Justicia de EE. UU. encontró que ciertas agencias con acuerdos 287(g) perfilaron racialmente a personas.
Más allá de los acuerdos 287(g), un anuncio de enero del liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. propone involucrar más directamente a la policía estatal y local en la aplicación de leyes de inmigración.
Mientras tanto, legisladores en varios estados están tratando de asegurar que la policía coopere con las autoridades de inmigración. Por ejemplo, la legislatura liderada por republicanos en Tennessee votó el mes pasado para crear una división estatal que apoye la aplicación de leyes de inmigración e incentive a las fuerzas del orden locales a unirse al programa 287(g).
En Kentucky, varios legisladores republicanos están patrocinando proyectos legislativos que impedirían que los gobiernos locales prohíban o limiten la cooperación de sus oficinas del alguacil y departamentos de policía con ICE.
Para la mayoría de los departamentos que hablaron con KyCIR, los funcionarios indicaron que ayudarían a ICE según sea necesario y cuando sea factible, al igual que lo hacen con otras agencias de aplicación de la ley.
En el Departamento de Policía de Elizabethtown, el oficial de asuntos públicos Chris Denham dijo que evalúan la legalidad de cualquier solicitud externa de asistencia ydeterminan cómo pueden ayudar mejor.
“Algunas solicitudes requieren más mano de obra, mientras que otras son tan simples como requerir solo un oficial uniformado y un vehículo policial”, dijo.
“Sin embargo, hacemos todo lo posible para apoyar a todos nuestros colaboradorescuando se trata de hacer cumplir la ley —federales, estatales o locales”.
El alguacil del condado de Boone, Michael Helmig; “respalda completamente el plan de inmigración del presidente Trump”; dijo el portavoz, Mayor Philip Ridgell, a KyCIR.
“Valoramos nuestra relación de larga duración con muchos de nuestros socios federales para mantener la reputación del condado de Boone como un lugar seguro para vivir, trabajar y criar una familia. Dicho esto, analizaríamos y evaluaríamos cada plan operativo al recibir una solicitud formal de ICE”, dijo.
“Es importante que entendamos los objetivos operativos para asegurar que nuestra asistencia cumpla con las necesidades y el alcance de la misión”.
El condado de Boone también alberga la única instalación de detención de inmigrantes a tiempo completo del estado.
En el este de Kentucky, el subjefe Bert Hatfield de la Oficina del Alguacil del condado de Pike dijo que la inmigración no es un gran problema, principalmente porque no viven muchos inmigrantes allí.
Varios funcionarios señalaron que la aplicación de las normas de inmigración de EE.UU. generalmente está fuera de la jurisdicción de las fuerzas del orden locales.
“No estamos involucrados en hacer cumplir las leyes federales, solamente las leyes del estado de Kentucky”, dijo el sargento Jordan Brown del Departamento de Policía de Shively.
El oficial Ronnie Ward, del Departamento de Policía de Bowling Green, dijo a KyCIR: “Nosotros, como departamento de policía, no tenemos la capacitación ni las herramientas para identificar a una persona que pueda estar en Bowling Green ilegalmente”.
Duke, de la ACLU de Kentucky, dijo que le preocupa que las fuerzas del orden localesno puedan mantenerse al día en relación a cuáles son las últimas normas de inmigración y qué nuevas políticas de Trump están siendo bloqueadas en los tribunales.
“Si tratamos de ser prácticos y decir que es simple... Como por ejemplo ya sea que deberían estar aquí o no deberían estar aquí. Sin embargo, es cierto que una persona podría tener un estatus de protección temporal un día, y luego sale una orden ejecutiva entonces ese estatus que tenía queda en el limbo”, dijo.
“Así que es algo muy complicado y sutil”.
Cómo funcionará finalmente la represión de Trump contra los inmigrantes, y qué papel podría desempeñar la policía de Kentucky en ello, está por verse. Por ahora, la ACLU de Kentucky está distribuyendo folletos sobre: ‘Conoce Tus Derechos’ a miembros de la comunidad, incluidos inmigrantes en EE. UU. sin estatus legal, sobre qué pueden hacer si son contactados por la policía o agentes de inmigración.
“Estamos tratando de difundir esa información para que la gente sepa que, de hecho, tiene derechos en esas situaciones”, dijo Duke. “Hay mucho miedo en este momento. Hay mucha desinformación”.
Qué dicen la Universidad de Kentucky y la Universidad de Louisville sobre sus departamentos de policía
Las universidades podrían convertirse en un nuevo foco para las operaciones de ICE después de que la administración Trump eliminó el mes pasado una política que impedía que los funcionarios de inmigración arrestaran a personas en escuelas,iglesias y hospitales. Las dos universidades más grandes de Kentucky, la Universidad de Louisville y la Universidad de Kentucky, tienen departamentos de policía en el campus.
John Karman, portavoz de UofL, refirió a KyCIR a su nueva guía que dice que, si losfuncionarios de inmigración solicitan información sobre un estudiante o paciente allí, tales solicitudes deben enviarse a la policía universitaria. Luego, la policía trabajará con la Oficina de Asesoría Universitaria para asegurar que se cumplan las normas federales de privacidad que protegen los datos de estudiantes y pacientes. Por ejemplo, la guía dice que las escuelas generalmente no pueden divulgar
registros de estudiantes sin “una citación legalmente emitida, una orden judicial, una orden del tribunal o un consentimiento por escrito”.
En cuanto a UK, la portavoz Dani Jaffe dijo en un correo electrónico que no tienenconocimiento de ninguna solicitud o acción de ICE, pero están revisando variasórdenes ejecutivas y evaluarán el impacto de cualquier directiva federal.
